Este asunto del control de las ONGs que se pretende hacer en el Perù, me da mala espina. El cargamontòn que ha sufrido la Defensora del Pueblo, doctora Beatriz Merino por haber expresado su preocupaciòn respecto a los aspectos inconstitucionales que contemplan los planes se supervisiòn y control de las ONGs, en realidad resulta preocupante. El proyecto que se encuentra para su aprobaciòn en el congreso, fue preparado alegremente por los fujimoristas y sus aliados de unidad nacional y secundados en forma entusiasta por los apristas. Es posible que no se hayan dado cuenta todavìa, de que esa propuesta, podrìa traer màs cola de la que se imaginan.
En efecto, esto no es broma. Muchas entidades del exterior que son patrocinadoras de comedores populares, centros educativos y organizaciones de apoyo a la salud, entre otras actividades, podrìan suspender sus aportes como consecuencia de la intervenciòn gubernamental en esas organizaciones.
Es què acaso los promotores de esa ley no se han percatado que las ONGS son organizaciones no gubernamentales y que el pretender que las entidades del gobierno, puedan fiscalizarlas, sobre todo en el manejo econòmico, es una majaderìa de marca mayor. Y que el pretexto de las exoneraciones trubutarias, no pasa de ser solo un pretexto, pues lo que en realidad pretenderìan serìa el control de los recursos de esas organizaciones. Lo demàs son pamplinas.
No serà acaso que haya personas que piensan curarse en salud y antes de poner en marcha un proyecto autoritario, estàn tratando de evitar la presencia de organizaciones de defensa de los derechos humanos, que tuvieron una gran labor en ese sentido durante el gobierno de Fujimori.
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