El Secretario de Justicia en el gabinete del presidente Bush, tiene el dudoso mérito de haber logrado estirar hasta el máximo, el límite de las leyes, para satisfacer los deseos presidenciales, cada vez que ha sido necesario. También ha sido el más ardoroso defensor del concepto de la " autoridad presidencial" por la cual algunas decisiones del presidente Bush, se han colocado por encima de la constitución y las leyes.
El despido de nueve Fiscales Federales, separados de sus funciones por ser demasiado independientes y no coincidir con los requerimientos de la administración republicana, es algo que nunca había sucedido antes y es muy posible que nada parecido, vuelva a repetirse en el futuro.
El Nuevo Herald, ha señalado que desde el 2002, la administración emitió una serie de directivas que al final han hecho desaparecer, los tradicionales límites entre los intereses políticos de la Casa Blanca y los que corresponden en esencia a la Justicia.
Consigna además que se definieron políticas de seguridad que no consideraban los límites establecidos por la ley.
Permitieron que la Oficina de Quejas de la Casa Blanca que tiene carácter social, se convirtiera en un conducto de quejas de naturaleza privada.
Pero lo más grave entre las cosas que han ocurrido, resulta la interferencia política, en acciones en que la justicia no debería tomar partido. Esa situación, está creando un mal precedente para gobiernos futuros y deberían tratar de corregirla, lo más pronto posible.
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